La miseria planeada NAOMI KLEIN* "Había una vez un país llamado Argentina", escribe el periodista Sergio Ciancaglini, "donde mucha gente desaparecía y donde, años después, el dinero también desaparecía. Y una cosa está relacionada con la otra". Hoy muchos argentinos emprenden la búsqueda de los vínculos entre los intereses económicos de la dictadura de los generales y las políticas que llevaron a la ruina económica. Ahora, el proyecto de la dictadura emerge como un proceso: los generales prepararon al paciente, después Carlos Menem realizó "la cirugía". La junta hizo más que desaparecer a los sindicalistas que podrían haber luchado contra los despidos masivos. El gran logro de la guerra sucia fue la cultura del miedo y del individualismo, que perdura hasta hoy. Los argentinos aprendieron a vivir bajo la filosofía de: "No se meta". Pero, en los escombros de lo que quedó de Argentina después de diciembre de 2001, algo extraordinario comenzó a pasar: los vecinos asomaron la cabeza de sus casas, y, en la ausencia de un liderazgo político que le diera sentido a la explosión espontánea del cual eran parte, comenzaron a hablar unos con otros. A pensar juntos. A actuar juntos BUENOS AIRES, ARGENTINA. ¿Cómo se conmemora el aniversario de algo que es imposible definir? Esa fue la pregunta a la que decenas de miles de argentinos se enfrentaron el 20 de diciembre de 2002, mientras marchaban desde todas las esquinas de Buenos Aires a la histórica Plaza de Mayo. Se cumplía un año del primer argentinazo. El argentinazo no fue precisamente un motín, aunque visto por televisión definitivamente lo parecía, con los saqueadores que asaltaban los supermercados y la policía montada que atacaba a las multitudes; y las 33 personas que murieron en el país. Tampoco fue una revolución, aunque más o menos se parecía a una, con las enardecidas muchedumbres que tomaban por asalto el asiento del gobierno y que obligaban al presidente a renunciar en desgracia. Pero, a diferencia de una revolución clásica, el argentinazo no estaba organizado por una fuerza política alterna que quisiera tomar el poder. Y, a diferencia de un motín, latía con una demanda inequívoca y unificada: la inmediata destitución de todos los políticos corruptos que se han enriquecido mientras Argentina ?que alguna vez fue la envidia del mundo en desarrollo? descendía vertiginosamente en la pobreza. En realidad, el argentinazo fue justo como suena la palabra: una caótica explosión de argentinez, durante la cual cientos de miles de personas, de repente y de manera espontánea, abandonaron sus hogares, salieron a las calles, golpearon sus cacerolas y sartenes, le gritaron a los bancos, pelearon con la policía, aceleraron sus motocicletas, cantaron himnos de futbol y lograron que el presidente saliera huyendo en helicóptero de su palacio. En el transcurso de los siguientes 12 días, el país pasaría por cinco presidentes y dejaría de cumplir con sus obligaciones de pago de su deuda externa de 95 mil millones de dólares, el más grande incumplimiento en la historia. Ahora, a un año, de nuevo las multitudes llenan la Plaza de Mayo y éste es, sin duda, un día significativo ?¿pero exactamente qué es lo que se conmemora? ¿Se trata de la celebración de una revuelta nacional contra la globalización empresarial, un sentir que parece propagarse por América Latina ?el Partido del Trabajo toma el poder en Brasil y los programas de privatización son frenados en seco desde México hasta Perú?? ¿Se trata del comienzo de El argentinazo: Segunda parte, un movimiento que mira hacia delante y que sustituirá las fallidas recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) con algo mejor? Finalmente, el 20 de diciembre de 2002 no es un día de jubilosa celebración o de muy convicentes puños-al-aire. En vez, el ambiente es uno de luto, y en ningún lugar es tan notorio como en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, frente a las oficinas centrales del banco HSBC Argentina, un pesado edificio de 28 pisos con vidrios polarizados a la Darth Vader. Fue en este mismo pedazo de asfalto que Gustavo Benedetto, de 23 años, cayó hace precisamente un año, asesinado con una bala que salió del banco. El hombre que fue acusado del asesinato de Benedetto ?y que había estado en un grupo de agentes de policía que fue captado en video mientras disparaba a través de los cristales polarizados del banco? es el teniente coronel Jorge Varando, jefe de la seguridad del edificio del HSBC. También es un oficial militar de elite jubilado que estuvo activo durante los setenta, cuando 30 mil argentinos fueron “desaparecidos”, muchos de ellos secuestrados de sus hogares, brutalmente torturados y luego aventados desde aviones a las lodosas aguas del río de la Plata. Desde mediados de los cincuenta hasta principios de los setenta, Argentina fue un lugar profundamente no democrático, gobernado por una sucesión de juntas que, aun cuando permitieron limitadas elecciones, impidieron que el populista Partido Peronista postulara a sus candidatos. Fue en este contexto que los estudiantes y trabajadores izquierdistas comenzaron a organizarse en ejércitos guerrilleros. Muchos de estos activistas pensaron que iniciaban una revolución socialista, aunque para Juan Domingo Perón, quien los animaba desde su exilio en España, las milicias eran sólo un medio para apresurar su glorioso retorno como líder paternalista. La más grande facción armada de esta creciente oposición eran los Montoneros, un movimiento juvenil que tomaba prestadas las políticas populistas de Evita y la teoría de guerra de guerrillas del Che Guevara. A pesar de que tales células nunca representaron una seria amenaza para la seguridad nacional, el ejército argentino uso una serie de ataques guerrilleros contra blancos militares y empresariales como pretexto para declarar una campaña contra la izquierda ?los generales llamaron a la acción “una guerra contra el terror”, pero el nombre que perduró fue guerra sucia. Entre 1976 y 1983, Argentina fue gobernada por un torcido régimen militar que combinó un control social católico fundamentalista con una economía de libre mercado fundamentalista, que prohibía la música rock y almacenaba miles de millones de dólares en préstamos e inversiones de bancos extranjeros y empresas multinacionales. Los generales hicieron suya la misión de limpiar el pensamiento marxista u otros pensamientos “subversivos” de cada una de las escuelas, centros de trabajo, iglesias y barrios. También asumieron que tenían el derecho de obtener ganancias personales de esta cruzada, y extrajeron no sólo de los fondos públicos, también le robaron a las personas que torturaban y mataban sus casas, posesiones y hasta hijos (finalmente, el Estado se vio obligado a pagar compensación a muchas de las víctimas de las familias). Hasta hoy, los generales niegan casi todo y, gracias a un perdón oficial del Estado, los asesinos de entonces caminan libres ?el despreciado Leopoldo Galtieri, quien llevó Argentina a una desastrosa guerra por las islas Malvinas, murió hace unos días y se llevó muchos secretos a la tumba?. Sin embargo, desde que terminó la dictadura militar, varias investigaciones exhaustivas han obtenido evidencia sobre los abusos durante y después de la guerra sucia. A través de una minuciosa búsqueda en estas investigaciones, los grupos de derechos humanos argentinos descubrieron que Varando ?el hombre al que el HSBC puso al mando de sus operaciones de seguridad? era parte de un grupo de personal militar acusado por los parientes de los desaparecidos de crímenes de guerra durante un ataque a los cuarteles militares de La Tablada en 1989. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, finalizado en 1997, declara que dos prisioneros en la base La Tablada, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, fueron “desaparecidos” cuando su vigilancia estaba a cargo de Jorge Varando. Varando dice que transfirió a Ruiz y Díaz a otro oficial, y luego, cuando ese oficial fue asesinado en acción, el creyó que los prisioneros habían escapado. Sin embargo, gracias a una subsiguiente amnistía, nunca hubo una investigación criminal a fondo en torno a los eventos de La Tablada. Hoy, en conexión con un incidente que no tiene que ver, Varando está en espera del proceso judicial por el asesinato de Gustavo Benedetto. En la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, donde la fachada de cristal del HSBC ahora está encerrada en acero reforzado, tan impenetrable como los lentes de sol polarizados de los agentes de policía que hacen guardia afuera, el pasado y el presente de Argentina chocan uno contra el otro. El presunto asesino de Benedetto trabajaba para un banco extranjero, uno de los mismos bancos que se tragó los ahorros de millones de argentinos cuando, a principios de diciembre de 2001, el gobierno declaró que congelaba los retiros bancarios. Y mientras las cuentas permanecían aseguradas, el peso comenzó una caída libre. Cuando, un año después, el congelamiento bancario fue parcialmente levantado y los cuentahabientes pudieron nuevamente tener acceso a su dinero, sus ahorros habían perdido dos tercios de su valor. A pesar de que bancos como el HSBC le echan la culpa del congelamiento al gobierno, la medida fue una respuesta al hecho de que los bancos privados habían ayudado a sus clientes más ricos a sacar alrededor de 20 mil millones de dólares de Argentina en el transcurso del anterior año, un gran monto de éste sin pagar impuestos. Al mismo tiempo, no había ninguna prohibición para sacar capital del país. Hubo un momento particularmente dramático el pasado enero, cuando la policía incursionó en una sucursal del HSBC, y en otros bancos, buscando evidencia de que cientos de vehículos armados fueron usados para transportar miles de millones de dólares estadunidenses en efectivo, sin declarar, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los bancos extranjeros afirmaron que las autoridades buscaban chivos expiatorios a los cuales echarle la culpa de la crisis económica, y el HSBC Holdings Ltd dice que su subsidiaria localmente incorporada siempre ha actuado acorde a las leyes argentinas. Según el fiscal, la investigación de las acusaciones de "fraude contra el Estado, y asociación ilegal" continúan, y hasta la fecha no se han presentado cargos. El tiempo está en el centro de los alegatos contra los bancos extranjeros: el éxodo de efectivo tuvo lugar tan sólo unos días antes de que el gobierno congelara todos los retiros, y llevó a la creencia generalizada de que a los bancos ?a diferencia de los argentinos que fueron tomados por sorpresa? les habían pasado el pitazo de que el congelamiento era inminente. Este punto es importante, porque para muchas de las familias y negocios más prósperos de Argentina, el fiasco banquero y la devaluación los hizo más ricos de lo que ya eran antes: ahora pagan los sueldos de sus empleados, sus gastos y sus deudas en pesos devaluados; pero ?gracias a los bancos? sus ahorros están seguros, almacenados fuera del país en dólares estadunidenses. Se trata de un arreglo con altas ganancias. Después de que los 20 mil millones de dólares en capital "desaparecido" fueron descubiertos, hubo tanto coraje público que varios banqueros extranjeros enfrentan cargos bajo la ley argentina de "subversión económica", la cual prohíbe actos que saboteen la economía del país. Sin embargo, este obstáculo se solucionó el pasado mayo, cuando una coalición de bancos, encabezada por el HSBC, cabildeó con éxito para que se abrogara la ley. Este incidente fue ligado a otra controversia, la cual involucra sobornos, legisladores y bancos extranjeros. En agosto, The Financial Times publicó los alegatos hechos por banqueros y diplomáticos de que los legisladores argentinos habían solicitado de los bancos extranjeros sobornos a cambio de votar en contra de legislaciones que le hubieran costado a las instituciones financieras cientos de miles de dólares al año. Los bancos aseguran que rechazaron las ofertas. Después de que el artículo fue publicado, varios bancos sufrieron una nueva incursión de la policía argentina, esta vez para buscar evidencia de la solicitud de soborno reportada y para descubrir la fuente del alegato ?entre los lugares que sufrieron incursiones estuvieron las oficinas centrales del HSBC y la residencia privada de un portavoz de alto rango del HSBC?. Se ha especulado respecto a si las incursiones estaban políticamente motivadas, como una venganza contra los bancos que hicieron públicos los alegatos de sobornos. Cuando Mike Smith, presidente del HSBC Argentina, rindió declaración en una audiencia judicial sobre el escándalo, dijo que no tenía ningún conocimiento específico de los incidentes descritos en The Financial Times y negó que el HSBC hubiera pagado algún soborno. También dijo que solicitar sobornos a cambio de leyes favorables era una práctica común en Argentina. Esta investigación también está en curso. Gustavo Benedetto fue sólo una de las 33 personas que murieron violentamente durante el argentinazo de 2001. Pero su historia, atormentada por los fantasmas de la historia que sigue siendo, sin lugar a dudas, moderna, se ha transformado en un símbolo para un país que ahora trata de entender su implacable crisis económica. ¿Cómo pueden morir de hambre 27 niños al día en un país que por naturaleza es tan abundante que alguna vez dio de comer a gran parte de Europa y Norteamérica? ¿Cómo puede una nación donde los obreros antes compraban casas y coches, y ganaban los sueldos más altos de América Latina, ahora tener la más alta tasa de desempleo en el continente y un promedio salarial más bajo que el de México? Benedetto pensaba que su gobierno le debía respuestas a esas preguntas, razón por la cual fue a la plaza aquel día de diciembre. "Había una vez un país llamado Argentina", escribe el periodista Sergio Ciancaglini, "donde mucha gente desaparecía y donde, años después, el dinero también desaparecía. Una cosa está relacionada con la otra". Ciancaglini argumenta que cualquiera que quiera entender lo que le pasó a la desaparecida riqueza debe primero viajar al pasado, para descubrir qué pasó con las personas desaparecidas. Desde el argentinazo ha habido una explosión de grupos de base que se embarcan en un viaje de este tipo, en una especie de misión nacional forense?detectivesca, que vincula los intereses económicos de la dictadura de los generales con las políticas que, años después, llevaron a la economía a la ruina. La creencia ?la esperanza? es que cuando estas piezas finalmente encajen, Argentina pueda al fin romper el ciclo de terror estatal y saqueo empresarial que ha esclavizado a este país, como a tantos otros, durante demasiado tiempo. Gustavo Benedetto amaba leer libros de historia y economía. Según su hermana mayor, Eliana, "quería entender cómo un país tan grande pudo haber terminado en tal lío". Gustavo soñaba con ser un profesor de historia, pero esa era una meta para una época más optimista. Cuando su padre murió, en marzo de 2000, Gustavo tuvo que buscar un empleo, cualquier empleo, con el cual mantener a su madre y a su hermana. Era un mal momento para buscar trabajo. En La Tablada, el suburbio posindustrial donde los Benedetto viven, la mayoría de las fábricas ya habían cerrado. El mejor trabajo que pudo encontrar fue como empleado de un supermercado en un centro comercial cercano. Pero al menos tenía trabajo. A pesar de que la prensa mundial descubrió la crisis económica argentina hasta hace relativamente poco, en barrios como La Tablada era un hecho desde hace al menos seis años antes. A mediados de los noventa, cuando el FMI exhibía a Argentina como un milagro del crecimiento económico y un ejemplo de las riquezas que aguardaban a las naciones pobres que abrieran sus puertas a la inversión extranjera, el desempleo ya llegaba a niveles alarmantes. Se trata de una pauta que muchas veces fue reproducida en América Latina, en países que han llevado a cabo similares reformas de libre mercado; hoy, sólo Chile sobrevive como una supuesta "historia de éxito", mientras más de 50% de la población argentina ya cayó debajo de la línea oficial de la pobreza. Extrañamente, cuando Argentina tenía menos riqueza en papel, menos argentinos pasaban hambre. Muchos factores económicos complejos contribuyeron a este cambio, desde cambios en los cultivos agrícolas de exportación hasta los salarios que se desplomaban en el sector industrial. Pero también hubo algunos cambios sencillos que jugaron su papel, como el hecho de que los mercados de barrio vendieran comida a crédito en los tiempos difíciles: un cachito de gracia que desapareció cuando Argentina se convirtió en un escaparate de la globalización y aquellas pequeñas tiendas fueron remplazadas por hipermercados, propiedad de extranjeros, del tamaño de templos aztecas, con nombres como Carrefour, Wal-Mart y Día, la cadena propiedad española donde Gustavo Benedetto finalmente pudo conseguir un trabajo. Así que probablemente no fue una coincidencia que, en los días anteriores al argentinazo, muchos de los hipermercados se encontraron bajo asalto, saqueados por una multitud de hombres desempleados, con caras cubiertas con playeras convertidas en improvisados pasamontañas. Cuando Gustavo se presentó a trabajar en Día el 19 de diciembre, el ambiente estaba insoportablemente tenso: nadie sabía si este castillo de concreto sería el siguiente en ser asaltado por multitudes hambrientas y enojadas. A mediodía, el gerente decidió acabar con el suspenso y cerró temprano. Cuando Gustavo llegó a casa, encendió la televisión. Lo que vio fue un país en abierta revuelta, con protestas que surgían por todos lados. Durante todo el día y toda la noche, le estuvo cambiando de un canal al siguiente, pero ya para las 10:40 pm, todos los canales mostraban la misma imagen: el presidente Fernando de la Rúa, su cara, pegosteosa por el sudor, leía, tieso, un texto preparado. Argentina, dijo, estaba bajo el ataque de “grupos que son enemigos del orden y que van a propagar la discordia y la violencia”. Declaró un estado de sitio. Para muchos argentinos, la declaración del presidente sonaba como el preludio de un golpe militar ?y ese fue un error fatal del gobierno de De la Rúa?. Gustavo miró las imágenes en vivo de la Plaza de Mayo que se llenaba de gente. Golpeaban cacerolas y sartenes con cucharas y tenedores, un reproche sin palabras pero estruendoso a las instrucciones del presidente: los argentinos no renunciarían a las libertades básicas en nombre del "orden", declararon. Lo habían intentado antes bajo la junta, y había acabado mal. Y entonces, una sola exclamación rebelde surgió de la muchedumbre de abuelas y estudiantes de prepa, mensajeros motociclistas y obreros desempleados; sus palabras iban dirigidas a los políticos, los banqueros, el FMI y todos los demás "expertos" que afirmaban tener la receta perfecta para la prosperidad y estabilidad de Argentina: "Que se vayan todos", dijeron. Esa noche, Gustavo durmió a rachas. A la mañana siguiente, cuando llegó al trabajo, la tienda estaba cerrada, así que se regresó a casa y de nuevo prendió la televisión. Fue entonces que sintió un impulso que nunca antes había sentido ?quería unirse a una manifestación política?. De repente, Gustavo Benedetto, un chavo tranquilo que no había protestado contra nada en toda su vida, brincó del sofá, apagó la tele y le dijo a su madre que iba al centro. De camino a la parada del camión, Gustavo le preguntó a varios de sus amigos del barrio de La Tablada si querían unirse a él ?para ser parte de esta historia que presenciaban en las pantallas de sus televisores?. Pero no pudo encontrar a nadie que le entrara: la mayoría de las personas en La Tablada ya estaban hartas de la historia. Durante los setenta y los ochenta, este barrio de clase trabajadora estuvo literalmente atrapado entre el fuego del ejército y las guerrillas: en aquel momento, varias células izquierdistas estaban activas en la zona, y también era el hogar de la Infantería Mecanizada No. 3 de La Tablada, una gran base militar donde tenían lugar supuestos abusos a los derechos humanos. En La Tablada, la guerra sucia era aún más sucia que en otros lugares, con los padres que se topaban con los asesinos de sus hijos en la tiendita de la esquina. Y como cualquier tipo de contacto con un izquierdista era suficiente para que te etiquetaran como un colaborador, lo más seguro que podías hacer era retirarte a tu hogar: las puertas se cerraban ante antiguos amigos que buscaban refugio, las persianas rápidamente se corrían cuando había una conmoción afuera, se subía el volumen de la radio para ahogar los gritos en los departamentos vecinos. En La Tablada, como en otros lugares de Argentina, los habitantes aprendieron a vivir fielmente bajo la filosofía de los tiempos del terror: "No se meta". Se trata de una actitud que ha pervivido hasta hoy. Sin embargo, Gustavo decidió romper con esa tradición. No tenía modo de saber que las tácticas de la dictadura estaban a punto de regresar a las calles de Buenos Aires. Durante las dos horas que le llevó trasladarse de los suburbios al centro de Buenos Aires, el jefe de la policía había enviado la orden de "limpiar la Plaza de Mayo". Al principio, los equipos antimotines usaron balas de hule y gas lacrimógeno, pero pronto se les acabaron y cambiaron a municiones letales. La policía empujó a la muchedumbre a la Avenida de Mayo y la muchedumbre empujó de regreso. Alrededor de las 4 pm, un grupo de cerca de 20 agentes de la policía buscaban un lugar seguro para refugiarse y recargar sus armas. Escogieron el lobby del HSBC, uno de los edificios más seguros en la ciudad porque también alberga a la embajada israelí. Un puñado de manifestantes ?menos de cinco, según los documentos de la Corte? se separó de los ríos de gente que se encaminaban hacia la Plaza de Mayo y comenzó a tirar piedras contra el banco. Un hombre rompió un marco del vidrio con una barra de metal. La policía y los guardias de seguridad privada que estaban dentro se asustaron y abrieron fuego. Según la evidencia que más tarde se pudo escuchar en la Corte, en el lapso de sólo cuatro segundos una ráfaga de al menos 59 balas fue disparada hacia la calle repleta. Justo en ese momento, Gustavo Benedetto iba caminando solo y, después de haber estado en el centro durante menos de una hora, dio la vuelta en la Avenida de Mayo. Estaba a muchas yardas del banco cuando una bala de plomo, disparada desde un arma de 9mm, lo alcanzó en la parte trasera de la cabeza. Cayó al suelo; en un instante estaba muerto. Puede ser que el HSBC haya sido un buen sitio para que los agentes de la policía encontraran refugio durante el caos del argentinazo, pero cuando se trata de un crimen supuestamente cometido desde su lobby, un banco, con sus cámaras de seguridad que monitorean cada ángulo, ofrece poca cubierta. Las cámaras de vigilancia del HSBC, desde que entraron como evidencia en la Corte, claramente muestran a los agentes de la policía y de seguridad bancaria apuntando y disparando sus armas a través del cristal. Esta evidencia ha llevado a un raro evento en los anales de la justicia argentina: el arresto de un ex oficial militar bajo el cargo de asesinato. Jorge Varando es graduado de la Escuela de las Américas, un campo de entrenamiento de “contrainsurgencia” con sede en el sur de Estados Unidos. Declaró que no le disparó a Benedetto y alega que actuó adecuadamente, como un agente de seguridad que defendía el banco. En una reciente entrevista radiofónica, lo citan y dicen que admitió haber disparado su arma, y que dijo que lo hizo “en total tranquilidad” y “para frenar a los que intentaban entrar en el edificio”. Hasta ahora, el HSBC se ha negado a comentar sobre el caso debido a que los procesos legales están en curso; se limitó a señalar que su empleado Varando constantemente ha sostenido que es inocente. Aún no está claro si Varando va a ser representado por un abogado del HSBC cuando el caso vaya a juicio, pero el banco tuvo su propio abogado durante las audiencias previas al juicio. El HSBC está inevitablemente involucrado de alguna manera, porque la balacera se llevó a cabo desde sus instalaciones, y sus cámaras de seguridad ofrecen evidencia crucial. Pero esa evidencia ha resultado ser problemática. Cuando la Corte recreó el crimen, equiparando el video de Varando al disparar su arma con el lugar donde Benedetto fue asesinado, pronto quedó claro que alguien había cambiado el ángulo de la principal cámara de vigilancia, y esto hacía que fuese extremadamente difícil hacer coincidir la reconstrucción con el video original de Varando disparando a través del cristal. El personal bancario dice que el ángulo de la cámara fue cambiado accidentalmente durante una limpieza de rutina. Y el caso ha atraído aun más el interés porque cada mes, desde el asesinato, amigos y familiares han puesto un improvisado monumento conmemorativo a Gustavo Benedetto frente al banco ?y cada mes, el monumento es misteriosamente removido y el nombre de Gustavo es borrado?. Finalmente, esta práctica terminó el pasado noviembre, cuando un equipo de televisión que acechaba el edificio del HSBC a las 3 am, filmó cómo dos agentes de la policía federal llegaron en un auto sin señas particulares y destruyeron el monumento de concreto y cerámica con unas palancas. Los agentes fueron suspendidos. Hasta hace relativamente poco, Argentina seguía una política de amnesia oficial, respecto de los crímenes de la guerra sucia. Claro, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos aún sacaban numerosos y mordaces informes; las Madres de la Plaza de Mayo aún marchaban; y los hijos de padres desaparecidos aún se aparecían, de vez en vez, fuera de los hogares de ex militares para aventar pintura roja. Pero antes del argentinazo, la mayoría de los argentinos clasemedieros veían tales acciones como rituales macabros de una época pasada. ¿Qué no habían recibido el memorándum? El país había “avanzado” ?o al menos se suponía que lo había hecho, según el ex presidente Carlos Menem?. Menem, un partidiario del libre mercado que maneja un Ferrari, quien es la fusión argentina de Margaret Thatcher y John Gotti, fue electo en 1989, con la economía en recesión y la inflación en ascenso. Declaró que muchos de los problemas económicos de Argentina eran el resultado de los intentos chapuzeros de su predecesor de traer a justicia a los generales de la guerra sucia. Menem ofreció una alternativa: en vez de ir hacia atrás, hacia el infierno de las tumbas sin nombre y las mentiras del pasado, dijo, los argentinos deberían de poner en blanco la pizarra, unirse a la economía global y después poner toda su energía en conseguir un crecimiento económico. Tras perdonar a los generales, Menem inició un entusiasta programa de lo que aquí en América Latina llaman “neoliberalismo”: o sea, privatizaciones masivas, despidos en el sector público, “flexibilización” del mercado laboral e incentivos empresariales. Recortó los programas federales de comidas, redujo el fondo nacional de desempleo en casi 80%, despidió a cientos de miles de empleados estatales y declaró ilegales muchas huelgas. Menem apodó a esta rápida reconstrucción del libre mercado “cirugía sin anestesia”, y les aseguró a los votantes que, una vez que el dolor de corto plazo amainara, Argentina, en palabras de una de sus campañas promocionales, “nacería de nuevo”. Los habitantes clasemedieros de Buenos Aires, muchos de ellos avergonzados por su complicidad o complacencia durante la guerra sucia, tomaron con entusiasmo la idea de vivir en un nuevo país sin pasado. “No te involucres”, el mantra de los años del terror, cedió su lugar al “Ante todo, primero yo”, el mantra del alto capitalismo; bajo esta causa, los vecinos son competencia y el mercado está antes de cualquier otra cosa, incluso antes de la búsqueda de la justicia y la reconstrucción de las destrozadas comunidades. En los años que siguieron, el Buenos Aires de los noventa se metió en una juerga de consumismo y ascenso laboral que el neoyorkino o londinense más adicto a las compras y al trabajo se vería pequeño. Según cifras gubernamentales, entre 1993 y 1998, el total del gasto por hogar se incrementó en 42 mil millones de dólares, mientras que el gasto en bienes importados se duplicó, en los mismos cinco años, de 15 mil millones de dólares en 1993 a 30 mil millones en 1998. En los ostentosos barrios de Recoleta y Palermo, los habitantes compraban no sólo los últimos aparatos electrónicos importados y la ropa de diseñador, sino también nuevas caras y nuevos cuerpos ?Buenos Aires pronto competía con Río de Janeiro por el título de la capital de la cirugía cosmética, con un cirujano plástico presumiendo tener 30 mil clientes?. Los argentinos claramente querían ser rehechos, como su país ?como su presidente, quien desaparecía periódicamente, y luego reaparecía con la cara estirada y asegurando que una abeja lo había picado?. Durante un rato, las máscaras y los disfraces de los noventa parecían asombrosamente reales. Durante esa década, el PIB nacional se incrementó en 60% y la inversión extranjera llegaba a chorros. Pero así como los accionistas de Enron no se tomaron el cuidado de mirar con detenimiento los libros de contabilidad, siempre y cuando sus ganancias subieran, los inversionistas extranjeros y los prestamistas en Argentina no vieron que el delgado y mezquino gobierno de Menem estaba hundido en una deuda 80 mil millones de dólares más profunda en 1999 que la que había tenido el gobierno de 1989. O que, principalmente gracias a los despidos en las compañías privatizadas, el desempleo había aumentado de 6.5% en 1989 a 20% en 2000. En pocas palabras, “el milagro de Menem”, como efusivamente lo llamó Time Magazine, era un espejismo. La riqueza que fluía en la Argentina de los noventa era una combinación de finanzas especulativas y ventas de una ocasión: la compañía telefónica, la compañía petrolera, los ferrocarriles, la aerolínea. Tras la infusión inicial de efectivo y palmeras engrasadas, lo que quedó fue un país vaciado, servicios básicos caros y una clase trabajadora que no trabajaba. También dejó tras de sí un sector financiero desregulado, estilo viejo oeste, que permitió que las familias más ricas de Argentina sacaran del país 140 mil millones de dólares en riqueza privada y los depositaran en cuentas bancarias extranjeras ?un monto mayor que el PIB o la deuda externa?. Conforme desaparecía la riqueza de Argentina, destinada a cuentas bancarias en Miami y a la bolsa de valores en Milán, la amnesia colectiva de los años de Menem también comenzó a desaparecer. Hoy, casi 20 años después de que la dictadura de la junta terminó, y con los viejos generales muertos o muriéndose, los fantasmas de los 30 mil desaparecidos de repente aparecieron. Ahora embrujan cada aspecto de la crisis actual del país. En los meses que siguieron al argentinazo, el pasado parecía estar tan presente que era como si el tiempo se hubiera colapsado y el terror estatal hubiera sido cometido ayer. En las cortes y en las calles surgió un debate nacional, no sólo sobre cómo fue que tantos se habían librado de ser castigados por sus crímenes, sino también sobre las razones por las cuales el terror había tenido lugar: ¿por qué murieron esas 30 mil personas? ¿En nombre de los intereses de quién murieron? ¿Y cuál era la conexión entre aquellas muertes y las políticas de libre mercado que le habían fallado tan espectacularmente al país? En aquella época en que los estudiantes y los sindicalistas eran arrojados de Ford Falcon verdes y llevados a centros clandestinos de tortura, había poco tiempo para preguntas respecto de las causas profundas y los intereses económicos. Durante los años del terror, los activistas argentinos tenían una sola preocupación ?mantenerse vivos?. Cuando grupos como Amnistía Internacional comenzaron a intervenir y apoyarlos, ellos también estaban preocupados por la supervivencia cotidiana. Los investigadores rastreaban a las personas desaparecidas y después pedían su liberación, o al menos la confirmación de su muerte. Hubo, sin embargo, algunas excepciones, individuos que fueron capaces de ver que los generales tenían un plan económico tan agresivo como sus planes sociales y políticos. En 1976 y 1977 ?cuando el terror estaba en su punto más sanguinario y bárbaro? los generales presentaron un programa de “restructuración” económica que resultaría ser una probadita de la globalización empresarial corta?gargantas de hoy. Recortaron a la mitad el sueldo promedio nacional, redujeron dramáticamente el gasto social y quitaron el control de precios. Los generales fueron espléndidamente recompensados por estas medidas: en esos mismos dos años, Argentina recibió más de 2 mil millones de dólares en préstamos extranjeros, más de lo que el país había recibido en los pasados seis años. Para cuando los generales regresaron el país en 1983, habían incrementado la deuda externa nacional de 7 mil millones de dólares a 43 mil millones. El 24 de marzo de 1977, un año después del golpe, el periodista de investigación argentino Rodolfo Walsh publicó una Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar ?estaba destinada a ser uno de los escritos más famosos en el rubro de las cartas latinoamericanas modernas?. En ella, Walsh, miembro del movimiento juvenil de los Montoneros, rompió con la censura oficial a la prensa al emprender un recuento detallado de la campaña de terror de los generales. Pero había una segunda parte de la Carta Abierta, la cual, según el biógrafo de Walsh, Michael McCaughan, fue suprimida por el liderazgo de los Montoneros, muchos de los cuales, aunque fuesen militantes en sus tácticas, no estaban tan enfocados como Walsh en la economía. La mitad perdida, recién publicada en el libro de McCaughan, True Crimes, trasladaba el enfoque de los abusos a los derechos humanos de los militares a su programa económico; con Walsh declarando ?un tanto heréticamente? que el terror no era “el mayor sufrimiento infligido sobre el pueblo argentino, ni la peor violación a los derechos humanos que han cometido. Está en la política económica de este gobierno, donde uno descubre no sólo la explicación de los crímenes, sino también una mayor atrocidad que castiga a millones de seres humanos a través de la miseria planeada”. De nuevo, Walsh ofreció un catálogo de crímenes: “Congelar los salarios a culatazos mientras los precios suben a punta de bayoneta, prohibir todo tipo de negociaciones colectivas, prohibir las asambleas y las comisiones internas, ampliar los días laborales, incrementar el desempleo ... una política económica dictada por el Fondo Monetario Internacional, siguiendo una receta aplicada indiscriminadamente en Zaire o Chile, en Uruguay o Indonesia”. Minutos después de enviar por correo las copias de su carta, Walsh fue emboscado por la policía y muerto a tiros en las calles de Buenos Aires. Más difícil de matar, sin embargo, ha sido la descripción de Walsh de una lógica económica que sobrevivió a la dictadura, una lógica que guió al escalpelo de la cirugía de Menem sin anestesia y que sigue guiando cada misión del FMI en Argentina, el cual parece siempre pedir más recortes a la salud pública y la educación, mayores tarifas a los servicios básicos, más ejecuciones de hipotecas. Pero Walsh no lo llamó “buen gobierno” o “prudencia fiscal” o “ser competitivo a nivel global” ?él lo llamó “miseria planeada”?. Walsh comprendió que los generales no estaban librando una guerra contra “el terror”, sino una guerra contra cualquier barrera a la acumulación de riqueza de los inversionistas extranjeros y sus beneficiarios locales. Cada día que pasa prueba su presciencia. Los juicios civiles continúan desterrando evidencia fresca de que las empresas extranjeras colaboraron de manera cercana con la junta en su exterminación del movimiento sindical en los setenta. Por ejemplo, el pasado diciembre, un procurador federal presentó una demanda criminal contra Ford Argentina (una subsidiaria de Ford). Alegaba que la compañía tenía dentro de una de sus plantas un centro militar de detención a donde se llevaba a organizadores sindicales. “Ford [Argentina] y sus ejecutivos estaban en connivencia en el secuestro de sus propios trabajadores y creo que deberían de rendir cuentas al respecto”, dice Pedro Troiani, un ex obrero de la Ford que declaró que los soldados lo secuestraron y golpearon dentro de la fábrica. Mercedes-Benz (ahora una subsidiaria de DaimlerChrysler) enfrenta una investigación parecida, tanto en Alemania como en Argentina, como resultado de alegatos de que la compañía colaboró con los militares durante los setenta para purgar una de sus plantas de militantes sindicales, dando nombres y domicilios de 16 trabajadores que después “desaparecieron”, 14 de los cuales jamás fueron vueltos a ver. Tanto Ford como Mercedes-Benz niegan que sus ejecutivos hayan jugado algún papel en alguna de las muertes. Y, claro, también está el caso de Gustavo Benedetto. A primera vista, no hay nada que conecte el asesinato de Benedetto al pasado y no hay punto de comparación entre la represión durante el argentinazo y el terror de la guerra sucia. Sin embargo, el caso Benedetto destaca el cambiante papel de los militares, el Estado y los intereses financieros, y el papel actual de los ex oficiales militares. En los setenta, Jorge Varando, el hombre acusado del asesinato de Benedetto, trabajaba para un régimen militar que abrió el sector bancario de Argentina a los bancos privados. En 2001, con las fuerzas armadas reducidas, así como el resto del sector público, él trabajaba de manera directa para uno de estos bancos. El temor es que el gran logro de dos décadas de democracia es sólo que el intermediario fue erradicado y que la represión fue privatizada. Los bancos y empresas en Argentina son custodiados por unidades de ex oficiales militares armados, que los protegen de los manifestantes públicos, y que despiertan preguntas difíciles sobre los compromisos que se hicieron durante la transición de la dictadura a la democracia. Hoy, la historia de esa transición se rescribe en las calles. No hay un claro “antes” y “después” de la dictadura. En vez, el proyecto de la dictadura emerge como un proceso: los generales prepararon al paciente, después Menem llevó a cabo “la cirugía”. La junta hizo más que desaparecer a los organizadores sindicales que podrían haber luchado contra los despidos masivos y los socialistas que quizá se hubieran rehusado a poner en práctica el más reciente plan de austeridad del FMI. El gran logro de la guerra sucia fue la cultura del miedo y del individualismo, la cual se quedó en barrios como La Tablada, donde Gustavo Benedetto creció. Los generales comprendieron que su verdadero obstáculo hacia un control social completo no eran los rebeldes izquierdistas, sino la presencia de comunidades con lazos fuertes y la sociedad civil. Razón por la cual emprendieron la misión de “desaparecer” la esfera pública. En el primer día del golpe de 1976, los militares prohibieron todos los “espectáculos públicos”, desde carnavales, pasando por el teatro, hasta las carreras de caballos. Las plazas públicas estaban estrictamente reservadas para los shows de fuerza militar y la única experiencia comunal permitida era el futbol. Al mismo tiempo, los militares lanzaron una campaña para convertir a toda la población en informante: los periódicos estatales estaban repletos de anuncios que recordaban a los ciudadanos que era su deber civil reportar a cualquiera que pareciera que estuviera haciendo algo “subversivo”. Y cuando la población se retrajo a sus hogares, el proyecto económico de la dictadura pudo ser continuado y profundizado por los sucesivos gobiernos civiles sin siquiera tener que recurrir a una engorrosa represión ?al menos hasta hace poco?. En los setenta, cuando las Madres de la Plaza de Mayo comenzaron a buscar a sus desaparecidos seres queridos, era común que estas valientes mujeres dijeran que sus hijos eran inocentes, que cuando se los llevaron “no estaban haciendo nada”. Hoy, las Madres encabezan manifestaciones contra el FMI, hablan sobre el “terrorismo económico”, y declaran con orgullo que sus hijos sí estaban haciendo algo cuando fueron secuestrados ?eran activistas políticos que trataban de salvar al país de la miseria planeada que comenzó bajo la dictadura y que sólo se ha profundizado bajo la democracia?. En los escombros de lo que quedó de Argentina después de diciembre de 2001, algo extraordinario comenzó a pasar: los vecinos asomaron la cabeza de sus departamentos y casas, y, en la ausencia de un liderazgo político o de un partido que le diera sentido a la explosión espontánea del cual eran parte, comenzaron a hablar unos con otros. A pensar juntos. A finales de enero de 2002, tan sólo en el centro de Buenos Aires ya había unas 250 asambleas barriales. Las calles, parques y plazas se llenaron de reuniones, la gente se desvelaba, planeaba, discutía, daba testimonios y votaba. Muchas de esas primeras asambleas eran más terapias grupales que reuniones políticas. Los participantes hablaban sobre su experiencia de aislamiento en una ciudad de 11 millones. Los académicos y los abarroteros se disculpaban por no haber cuidado unos de otros, los gerentes de publicidad admitían que solían despreciar a los obreros desempleados, y que asumían que se merecían su difícil situación, y que nunca pensaron que la crisis podría llegar a las cuentas bancarias de la clase media cosmopolita. Y estas disculpas por las equivocaciones actuales pronto cedieron el paso a confesiones en lágrimas sobre eventos que databan de la época de la dictadura. Una ama de casa se paraba y admitía públicamente que, tres décadas antes, cuando escuchaba una historia más acerca de que el esposo o hermano de alguien había desaparecido, había aprendido a cerrar su corazón al sufrimiento, y se decía a sí misma “por algo será”. La mayoría de las asambleas comenzaron ?en vista de tanta miseria planeada? a planear otra cosa: alegría, solidaridad, otro tipo de economía. Se abrieron cocinas colectivas, se formaron bancos de empleos y clubes de trueque. Durante el pasado año, entre 130 y 150 plantas, en bancarrota y abandonadas por sus dueños, fueron tomadas por los trabajadores y transformadas en cooperativas o colectivos. En fábricas de tractores, supermercados, editoriales, fábricas de aluminio y pizzerías, las decisiones sobre la política de la compañía ahora se toman en asambleas abiertas, y las ganancias se reparten equitativamente entre los trabajadores. En los últimos meses, las fábricas tomadas han comenzado a crear redes y comienzan a planear una “economía de solidaridad” informal: por ejemplo, los trabajadores textiles de una fábrica tomada hacen las sábanas para una clínica de salud tomada; un supermercado en Rosario, transformado en una cooperativa, vende pasta hecha en una fábrica de pasta tomada; panaderías tomadas construyen hornos con tejas de una planta de cerámica tomada. “Siento como si al fin estuviera terminando la dictadura”, me dijo un asambleísta cuando llegué a Buenos Aires. “Es como si hubiera estado encerrado en mi casa durante 25 años y ahora, al fin, estoy fuera”. Rodolfo Walsh calculaba que tomaría 20 o 30 años antes que los efectos de la campaña del terror se desgastaran y los argentinos estuvieran al fin listos para luchar de nuevo por la justicia social y económica. Eso fue hace poco más de 25 años. Así que no pude evitar pensar en Walsh cuando conocí a Gabriela Mitidieri, una estudiante de preparatoria, confiada en sí misma, que, a excepción de su política, bien podría encajar en una audición para Academia de la Fama 2. Mitidieri nació en 1984, durante el primer año completo de gobierno electo en Argentina tras la dictadura. “Soy hija de la democracia”, dice, con un dejo de sarcasmo dieciochoañero. “Eso significa que tengo una responsabilidad especial”. Así como ella lo ve, esa responsabilidad es vasta ?finalmente liberar al país de las políticas económicas que sobrevivieron a la transición de un mandato militar a uno civil?. Sin embargo, parece impávida ante la tarea, o al menos no tiene miedo. Gaby, como la llaman sus amigos y familiares, se lanza a las manifestaciones portando unos pantalones cargo a la cadera y la mochila Blink 182 de su hermano, sostiene pancartas con sus uñas pintadas de negro y reta con la mirada a las líneas de policías, con sus ojos espolvoreados con brillantina azul. Sus padres no comparten su audacia. Cuando las calles de Buenos Aires explotaron con el argentinazo de 2001, en el modesto hogar de los Mitidieri también tuvo lugar una explosión. El conflicto trataba sobre si la entonces diecisieteañera Gaby obtendría permiso para participar en las manifestaciones. Gaby estaba decidida a ir a la Plaza ?“Simplemente no podía aceptar ser una de esas personas que miran el mundo a través de una pantalla de televisión”, dice ahora?. Su padre, un superviviente de la guerra sucia, durante la cual fue secuestrado y torturado, físicamente bloqueo el camino de Gaby hacia la puerta mientras ella gritaba que él, entre todas las personas, debería entender por qué necesitaba estar en las calles. Sergio Mitidieri permaneció impasible ?tenía la edad de Gaby cuando se involucró por primera vez en política estudiantil y su juventud no lo había salvado ni a él ni a sus amigos, muchos de los cuales fueron asesinados en campos de concentración?. Como muchos de su generación, Mitidieri no regresó al activismo político después de que los generales se retiraron. El terror de aquellos años permaneció dentro de él, robándole la confianza decidida de sus días estudiantiles ?durante años, le dijo a Gaby que las cicatrices en su espalda y sus hombros provenían de accidentes deportivos?. Hoy, aún no le gusta hablar del pasado; mantiene la cabeza agachada y trabaja duro para mantener a su esposa y sus cuatro hijos. Gaby dice que el miedo de su padre ?el hecho de que “viva con la idea de la muerte pendiendo sobre su cabeza”? significa que la dictadura, ya sea impuesta por el terror externo o por el miedo interno, aún tiene agarrado al país. “La primera vez que me enteré sobre lo que le había pasado a mi padre”, dice Gaby, “me preguntaba una y otra vez ‘¿por qué vivió? ¿Por qué dejaron que sobreviviera?’ Después leí 1984 y me dí cuenta de que él y otros sobrevivieron para mantener vivo el miedo, y para recordar a toda la población el miedo. Mi padre es una prueba viviente de eso”. Pero, sentada en el hogar de los Mitidieri, en el primer aniversario del argentinazo, me dio la impresión de que puede ser que Gaby, la autoproclamada “hija de la democracia”, esté subestimando el poder contagioso de la democracia. En 2002, cuando anunció en la mañana del 19 de diciembre que se iba a unir a las manifestaciones para conmemorar el aniversario, su madre, callada, la ayudó a empacar su mochila: agua, un teléfono celular, un limón (ayuda a mitigar los efectos del gas lacrimógeno) ?hasta le prestó una bufanda?. El padre de Gaby las miró empacar, se veía preocupado pero orgulloso. Esa noche, la asamblea barrial local convocó a todos a salir de sus casas con cacerolas y sartenes para celebrar el día en que ?un año antes? algo cambió a Argentina (aunque nadie ha podido explicar todavía exactamente qué fue). Y una cosa curiosa sucedió: los padres de Gaby aparecieron. Se quedaron a la orilla del encuentro, no hablaron con nadie ?pero estaban ahí?. “Aún tenemos miedo”, me dijo Sergio Mitidieri, “pero también sentimos coraje. Es mejor luchar en las calles que estar callado en casa. Gaby me enseñó eso”. *Naomi Klein es la autora de No Logo y Fences and Windows. (Traducción: Tania Molina Ramírez. © Naomi Klein, 2003. El artículo fue publicado el 25 de enero de 2003 en el diario inglés The Guardian. La investigación adicional fue realizada por Dawn Makinson y Joseph Huff-Hannon) |
Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 19
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 19
Las disposiciones jurídicas para los nuevos
contratos de exploración y explotación emanados de la llamada reforma
energética de 2008, y aplicados para los denominados campos maduros
contemplan de manera anticonstitucional realizar modificaciones a los
proyectos, permite que las empresas privadas se apropien y beneficien de
nuevas tecnologías provistas por Petróleos Mexicanos (Pemex) y además
capturen parte de la renta petrolera, alertó Alfonso Hickman Sandoval,
especialista del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE).
En relación con las disposiciones jurídicas para los contratos de
exploración y explotación prevista en la reforma energética, Hickman
hace referencia a la crítica constitucional de Jaime Cárdenas Gracia,
coautor del libro Reforma energética: anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante, en
el que denuncia que en el momento de aprobarse el dictamen de la
reforma energética, el 23 de octubre de 2008, sin explicación ni
justificación alguna, desapareció del texto final del dictamen la
fracción VII del artículo 61 de la Ley de Pemex, en la que se
mencionaba: No se suscribirán contratos donde se reúnan para un mismo contratista las actividades de exploración y producción en un campo determinado.
El dictamen aprobado eliminó dos párrafos más:
Los contratos a que se refiere este artículo (61) podrán ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en las leyes aplicables.
Términos inconvenientes
Hickman Sandoval, también integrante del Grupo Ingenieros
Petroleros Constitución de 1917, recordó que el 4 de septiembre de
2009, el Ejecutivo federal promulgó el reglamento de la Ley de Pemex, lo
que propició que la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura
promoviera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), para invalidar la forma de determinar las
remuneraciones que Pemex podría pactar en los contratos, y que pudieran
repartir parte de la renta petrolera.
Sin embargo, mientras se resolvía la controversia, Pemex procesó el
modelo de contrato integral para los campos maduros para las áreas
Magallanes, Carrizo y Santuario, localizados en las región sur de
México. Posteriormente, la SCJN desechó la controversia por considerarla
notoriamente improcedente.
Alfonso Hickman, también coautor del volumen, cita las
observaciones del consejero profesional Rogelio Gasca Neri, enviadas al
director general de Pemex, Juan José Suárez, mediante memorándum del 9
de julio de 2010 en el que expone, que después de evaluar los contratos
integrales,
Este último párrafo de las observaciones del memorándum de Gasca Neri, pone al descubierto la media verdad dada a conocer por Carlos Morales, director general de Pemex Exploración y Producción, quien después de la licitación, declaró que el costo para Pemex por barril producido es, de acuerdo a las propuestas de las licitaciones de 5 dólares por barril, y en efecto, tal vez esto corresponda al pago de 75 por ciento de los gastos incurridos por el contratista, pero al aplicar la formula de remuneración, incluida la tarifa por barril producido en los volúmenes estimados e indexado a la tarifa internacional, el precio que se pagará se incrementará sustancialmente afectando la renta petrolera.
Alfonso Hickman señaló: “lo trágico y escandaloso de la apertura de Pemex al capital privado abandonando sus actividades reservadas constitucionalmente al Estado, es que para los actores que se han prestado a la farsa del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, es que no se dan cuenta que están desnudos ante la nación, ante quien tendrán que responder por el fraude a la Constitución, el despojo que representan estos contratos integrales, así como por la privatización y extranjerización de los hidrocarburos de México.
he concluido que el modelo de contrato, en los términos actualmente propuestos, no es conveniente a los intereses de Pemex, ni a los del Estado mexicano.
Aun asumiendo que el esquema de costos recuperables no provocará ineficiencias o abusos, Pemex pagaría por un periodo significativo una proporción innecesariamente alta del precio del crudo. Como claramente los muestra el modelo económico desarrollado por Pemex y los consultores para Chicontepec, al menos al principio del contrato y por varios años, se estará transfiriendo al contratista, por concepto de recuperación de costos y de tarifa unitaria, un monto del orden de 45 dólares por barril a precios actuales. Ello representa más de la mitad del precio actual del crudo.
Este último párrafo de las observaciones del memorándum de Gasca Neri, pone al descubierto la media verdad dada a conocer por Carlos Morales, director general de Pemex Exploración y Producción, quien después de la licitación, declaró que el costo para Pemex por barril producido es, de acuerdo a las propuestas de las licitaciones de 5 dólares por barril, y en efecto, tal vez esto corresponda al pago de 75 por ciento de los gastos incurridos por el contratista, pero al aplicar la formula de remuneración, incluida la tarifa por barril producido en los volúmenes estimados e indexado a la tarifa internacional, el precio que se pagará se incrementará sustancialmente afectando la renta petrolera.
Alfonso Hickman señaló: “lo trágico y escandaloso de la apertura de Pemex al capital privado abandonando sus actividades reservadas constitucionalmente al Estado, es que para los actores que se han prestado a la farsa del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, es que no se dan cuenta que están desnudos ante la nación, ante quien tendrán que responder por el fraude a la Constitución, el despojo que representan estos contratos integrales, así como por la privatización y extranjerización de los hidrocarburos de México.
