Autor: Rogelio Velázquez
Isla Bermeja, en el limbo 22 mil millones de barriles de petróleo
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| "La isla Bermeja sí existió, no hay duda de eso": Fabio Barbosa, investigador que participó en tres expediciones. Imagen: Revista Contralínea |
Debido a que no se ha encontrado la isla Bermeja que marcaría las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, el país ya no dispondrá de un aproximado de 22 mil millones de barriles de petróleo, ahora en manos de Estados Unidos
Han pasado casi 40 meses desde que terminó el plazo que dio el Senado de la República -mediante un Punto De Acuerdo, firmado el 21 de octubre de 2008-, para que el Ejecutivo federal informara detalladamente en qué situación se encontraba la isla Bermeja, por medio de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores (SRE) y Marina (Semar).
En el primera parte del Punto de Acuerdo se solicita al Ejecutivo que “explique puntualmente el misterio que se guarda sobre la inmersión sospechosa de la isla Bermeja, que estuvo localizada en el Golfo de México, latitud 22° 33’ Norte y longitud 91° 22’ Oeste, y en la que se localizaron más de 22 mil 500 millones de barriles de hidrocarburo en sus alrededores, por existir sospecha en que funcionarios mexicanos contaban con información privilegiada sobre la riqueza que se encuentra en su fondo marino”.
El plazo que otorgaron los senadores fue de 30 días a partir de la firma del Punto de Acuerdo. A dos años y cuatro meses de que terminó dicho plazo, el Ejecutivo federal no ha dado ninguna respuesta.
El documento firmado por seis senadores panistas -Luis Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio, Felipe González González y Jaime Díaz Ochoa- exige a la Semar que inspeccione, de nueva cuenta, la zona en que se ubicó la isla Bermeja.
También recomienda que se utilicen instrumentos de alta tecnología con la finalidad de conocer el estado y grado de deterioro geológico del lugar donde se localizaba la isla, “ya que existen sospechas sobradas que su inmersión fue provocada por la influencia del hombre” (sic).
En su edición de julio de 2005, Contralínea entrevistó al investigador Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); entonces explicaba la importancia de la localización de la isla: “Nos permitiría arrojar la frontera de México más al Norte y conquistar una mayor parte para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al Sur con base en las islas Dernier”. Es decir, los yacimientos petroleros más importantes estarían del lado mexicano.
Los responsables
El 9 de junio de 2000, el gobierno mexicano firmó con el de Estados Unidos el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas. Éste fue aprobado por el Senado el 28 de noviembre de ese año, y hasta el 17 de enero de 2001 entró en vigor.
En su artículo 4, el tratado prevé una moratoria, la cual indica que, debido a que existen posibles yacimientos de petróleo y gas natural en la zona, ambos países no podrán autorizar ni permitir la perforación y explotación de petróleo y gas en un periodo de 10 años, el cual comenzó con la entrada en vigor del tratado y terminó en enero de 2011.
No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó –en respuesta a la solicitud de información 0000500037011, presentada por el ciudadano David Óscar Velázquez Coria– que “la moratoria sobre la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido por ambos Estados, prevista en el artículo VI (1) del Tratado de 2000, se prorrogó hasta el 17 de enero de 2014, sin perjuicio de otra renovación, de conformidad con lo establecido en el artículo IV (3) del Tratado de 2000”.
También conocido como el Tratado Clinton-Zedillo- fue signado por la excanciller de México, Rosario Green Macías, y la exsecrataria de Estado de Estados Unidos, Madeleine K Albright, representantes de México y Estados Unidos, respectivamente.
Pero el negociador principal del Tratado fue Juan Rebolledo Gout, quien fuera secretario particular del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte a la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León a la Presidencia; hoy funge como vicepresidente de Relaciones Exteriores de la minera Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota.
Así consta en el acta del Senado para analizar las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, del 15 de noviembre de 2000.
Ese día se reunieron en el piso cinco de la Torre del Caballito, aproximadamente a las 13:00 horas, los senadores Silvia Hernández Enríquez, Óscar Cantón Zetina, Laura Alicia Garza Galindo y Luis Aldana Prieto, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Nordhausen González, Adalberto Madero Quiroga y Luis Rico Samaniego, del Partido Acción Nacional (PAN), con parte del equipo negociador del Tratado.
Además, Rebolledo Gout, “eje y cabeza del equipo negociador por parte del Ejecutivo federal”, como lo mencionó la senadora Hernández Enríquez; el contralmirante Santos Gómez Leyva, jefe de la Sección 111 de la Armada de México; José Antonio Ceballos, director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos; el embajador Jorge Palacios; Guadalupe López Chávez, directora general de Geografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y Juventino Martínez, geógrafo del Inegi. A los nueve días de esa reunión, el Senado aprobó el Tratado.
“Quienes tienen la respuesta sobre el caso de la isla Bermeja son Juan Rebolledo Gout, en su carácter de jefe negociador por parte de México, en el Tratado que se firmó en 2000; y quien era en ese entonces el consultor jurídico de la SRE, Miguel Ángel González Félix”, dice a Contralínea Humberto Hernández Haddad, excónsul de México en Texas y experto en el tema.
Miguel Ángel González Félix fue consultor jurídico de la SRE en el sexenio de Zedillo, lo cual le permitió presidir las negociaciones del Tratado Clinton-Zedillo, en 2000. Una vez terminado el sexenio y ya con el PAN en el poder pasó a ser coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República. Actualmente está casado con Ana María Salazar Slack, quien trabajó en el Pentágono como subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
En el Octavo Foro de la Reforma Energética, realizado el 5 de junio de 2008 y presidido por el exsecretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa-, González Félix señaló que había encontrado la isla Bermeja.
“Respecto a la isla Bermeja […] quiero comentarles que la Semar y el Inegi estuvieron con Global Telecommunications System, donde podría haber estado la isla Bermeja, y en efecto se encontró el promontorio; pero éste se encontró, más o menos, abajo del mar, en esta altura, 40 o 50 metros.”
A pesar de ello, nadie le pidió una explicación sobre cómo llegó a la isla, las coordenadas donde la encontró, el mecanismo técnico que utilizó o evidencias que demostraran el hallazgo.
En dicho foro también expresó que al ya no estar sobre la superficie, la Bermeja no puede ser considerada una isla. Por lo tanto, no podría ser tomada en cuenta para definir las fronteras marítimas de México.
Fue hasta cuatro meses después cuando los senadores que presentaron el Punto de Acuerdo para que compareciera el Ejecutivo federal, a través de sus secretarías de Estado, explicaron “que un fenómeno natural de tal magnitud no puede pasar desapercibido, más aún cuando se han considerado que alrededor de la misma [isla Bermeja] se encuentran vastos recursos petroleros por el orden de 22 mil 500 millones de barriles de crudo” (sic).
También señalaron que “existe un secuestro de una porción insular de nuestro México, secuestro que autoridades de alto nivel en sexenios pasados conocieron y que ocultaron la información de los verdaderos responsables de esa mutilación por voraces malos funcionarios de antaño. Hoy más que nunca necesitamos conocer con puntual exactitud qué sucedió con este hecho tan lamentable, sin rasgarnos las vestiduras”.
Hernández Haddad coincide con los senadores y agrega que Rebolledo Gout y González Félix, además de ser figuras clave en la negociación, “deberán aportar la información técnica precisa sobre qué pasó con la isla Bermeja y las causas de su supuesto hundimiento. En este tema se juega el futuro del petróleo mexicano que alimentará la economía nacional del siglo XXI”.
Expediciones
El 5 de septiembre de 1997 se realizó una expedición por parte de la Semar en busca de la isla Bermeja. El buque oceanográfico Onjuku no la encontró, tal y como lo reportó el contralmirante Néstor Yee Amador, en ese entonces director general de Oceanografía Naval de la Semar.
En 2009, después de las afirmaciones de González Félix se realizaron tres expediciones con estudios que volvieron a confirmar su desaparición. La primera fue a bordo del buque oceanográfico Justo Sierra de la UNAM, el 20 de marzo.
El investigador Fabio Barbosa participó en la expedición, la cual, considera, es la búsqueda más completa que se ha hecho para encontrar la isla Bermeja, ya que el equipo técnico del buque permitió recoger muestras del lecho marino.
En dicha búsqueda se concluyó que en las coordenadas latitud 22° 33’ Norte y longitud 91° 22’ Oeste nunca estuvo la isla; además sólo se encontraron sedimentos de mar profundo, por lo que no “hay vestigios del área estudiada”.
Asimismo, se realizaron mediciones en la profundidad oceánica y solamente se encontró un fondo plano, por lo cual la isla no se encontró hundida.
Finalmente, la explicación -publicada en la edición 124 de la revista Petróleo y Electricidad- es que las coordenadas no son las correctas, o bien, que la isla sufrió un desplazamiento geológico.
Ese mismo año se realizó otra expedición. Del 25 de mayo al 1 de junio el buque hidrográfico Río Tuxpan, de la Semar, exploró la zona donde supuestamente se encontraría la isla; sin embargo, no hubo éxito en su localización.
La expedición, que abordo llevaba a un notario y a un representante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, recorrió 1 mil 500 kilómetros y no sólo busco la isla en las coordenadas donde supuestamente tenía que estar, sino también se exploró el punto ubicado en la latitud 22° 55’ Norte y longitud 91° 36’ Oeste.
Edwin Corona, jefe de buzos que acompañó la expedición, señaló al Diario de Yucatán que “la expedición no tenía margen de error, ya que el buque está equipado con tres sonares para profundidad, uno de barrido lateral y equipo de geoposicionador satelital”.
También, contradice la versión de González Félix al argumentar que no es posible que pueda haber un lugar a 50 metros de profundidad, si en la zona el promedio de profundidad es de 1 mil 500 metros. “Es obvio que alguien miente”, sentencia.
A los cuatro días de que regresara la expedición del Río Tuxpan, el Kalín Haa (una embarcación pequeña cuya ecosonda tiene un alcance de 120 metros) salía en busca de la isla Bermeja. Rentado por TV Azteca, el Kalín Haa fue abordado por el francés Michel André Antochiw, especialista en historia cartográfica de la península de Yucatán, el propio Fabio Barbosa y la doctora Leticia Campos Aragón, también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas.
Se recorrieron alrededor de 700 kilómetros y en las coordenadas marcadas se buscó en la profundidad marina la isla. El resultado fue el mismo: no hay rastros de ésta.
Barbosa Cano explica que la investigación en campo de Antochiw sirvió para determinar que la isla Bermeja no es la única desaparecida. “También hay archipiélagos, cayos y bajos que aparecen en los mapas y ya no se encontraron, como la isla Negrillas y el banco Arias; pero no podemos definir la fecha de su desaparición”.
Posteriormente, la Corporación Británica de Radiodifusión y France Télévisions, mediante sus reporteros David Cuen y Sophie Bontemps, respectivamente, realizaron la búsqueda de la Bermeja sin éxito.
Barbosa Cano concluye: “La isla existió, no hay duda de eso, y consta su existencia en los mapas de siglos pasados”. También la doctora Irasema Alcántara, directora del Instituto de Geografía de la UNAM, concluye que “la isla sí existió, pero no coinciden las coordenadas para su localización y si desapareció aún no se ha explicado científicamente este suceso”.
Límites definitivos y permanentes
El 20 de mayo de 2009, la SRE informó mediante un comunicado que se había depositado información sobre los límites marítimos ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Hoy se depositaron ante el secretario general de la ONU los mapas e información que describen de modo permanente los límites externos de la plataforma continental del país más allá de las 200 millas marinas […]. Esta área del Golfo de México quedó delimitada por el Tratado de Delimitación, celebrado entre nuestro país y los Estados Unidos de América, en 2000” (sic).
Se argumenta que “la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar impone la obligación de presentar información ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU para que los límites sean definitivos y obligatorios”.
Mientras continúa la moratoria del Tratado Clinton-Zedillo, el 20 de febrero pasado, en Los Cabos San Lucas, Baja California Sur, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron a través de sus representantes, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, y Hillary Clinton, secretaria de Estado, el acuerdo relativo a los yacimientos trasfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México.
Felipe Calderón hizo un llamado al Senado para que apruebe dicho acuerdo y así “seguir impulsando el desarrollo de nuestro querido México”. No obstante, el Acuerdo -que consta de 25 artículos- prevé, entre otras cosas, que exista una autoridad cuya jurisdicción sea binacional para que administre la extracción de hidrocarburos transfronterizos.
Se solicitó a la Secretaría de Marina su posición al respecto, a través de la maestre Patricia Alpízar del Área de Comunicación Social. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta. Asimismo, a la Secretaría de Gobernación, por medio de Dora González (también del Área de Comunicación Social), quien indicó que “al parecer el tema de las islas no lo lleva la Segob. Llevo seis años aquí y no hay funcionarios que me den información respecto al tema”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Desde la reseñada perspectiva, los enfrentamientos callejeros que se han sucedido a lo largo de las últimas semanas -sobre todo en Caracas- no han de ser vistos como la consecuencia de una manipulación ejercida desde arriba, sino del notable apoyo popular con el que el presidente venezolano sigue contando en su país. También, obviamente, como el efecto más inmediato de una polarización sociopolítica que, lejos de disminuir, tiende a incrementarse de forma cada vez más aguda. Esto es algo que se encuentra tremendamente ligado a un pesado legado: Venezuela es un país en el que la pobreza -pese a la renta petrolera- ronda la en absoluto desdeñable cifra de 64%3 (porcentaje del cual, por cierto, los bolivarianos extraen la mayor parte de sus apoyos).
Un simple vistazo a los decretos aprobados, de hecho, no hace sino multiplicar las interrogantes, pero no en dirección del gobierno sino en la de una oposición a cuya cabeza se han colocado medios de comunicación y empresarios. A priori, de hecho, parece bastante sensata la pretensión de reducir la talla de las administraciones públicas; de ejercer controles más estrictos por cuanto al cobro de las pensiones se refiere; de fiscalizar el uso de las subvenciones públicas por parte de las empresas privadas; de pretender que la banca -y no el Estado- sea la que asuma su propia deuda acumulada; de racionalizar y de convertir en progresiva la política fiscal; de crear un Fondo Unico Social orientado -entre otras cosas- a mejorar la nutrición infantil, así como a promover la creación de cooperativas y microempresas; a facilitar el acceso al crédito en condiciones justas; a reformar los decretos preexistentes sobre concesión de obras públicas; a reivindicar el carácter nacional de las reservas gasísticas; a que sea el Ejecutivo quien fije las tarifas eléctricas, o a que las escasas comunidades indígenas existentes en el país recuperen el control sobre sus propias tierras, aguas y subsuelos.