La transición mexicana y la corrupción
¿‘Democracia o Estado mafioso?
Carlos FAZIO
Más allá de la lucha contra la corrupción
como bandera electoral, las evidencias disponibles indican que México corre el
riesgo de convertirse en un narcoestado, o en un "Estado
mafioso", debido al complicado tejido entre el crimen organizado y
los aparatos del poder. El resquebrajamiento del antiguo régimen ha propiciado,
entre otras cosas, que las facciones, mafias y organizaciones criminales que
formaron parte de la llamada "familia revolucionaria" cobraran
autonomía y multiplicaran su poder. El desgaste del viejo modelo se hizo
evidente durante el sexenio salinista, periodo en el que se produjeron tres
asesinatos de Estado. Pero fue más notorio durante el actual mandato
constitucional de Ernesto Zedillo
A finales de enero, en
Washington, la presidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, afirmó
que la corrupción en su partido es sólo "un problema de imagen". La
mayoría de sus miembros, dijo, son "personas honorables"; los
corruptos están afuera. Muchos mexicanos no opinan así. Empezando por el
candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, quien acaba de señalar que el
partido oficial está lleno de "narcos" y
"rateros". Para Agustín Basave, correligionario de Sauri, la corrupción
en México es una suerte de "esquizofrenia moral" y "una
hipocresía ética" elevada a rango constitucional. Ya antes, en 1975,
durante su campaña presidencial, José López Portillo había dicho que
"quien habla de corrupción y es un corrupto, se convierte en cínico".
Lo anterior viene a cuento a raíz de la campaña anticorrupción lanzada
por el candidato priista Francisco Labastida. Sin duda, se trata de un tema de
moda. El affaire Kohl, en Alemania, y el caso del presidente de Israel,
Ezer Weizman, revelan en nuestros días que se trata de un asunto democráticamente
globalizado. Tanto que incluso las autoridades del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial han lanzado una "cruzada" contra la
corrupción, ya que la ubican, junto con el mal gobierno, como causas de la
pobreza.
Apenas el 3 de febrero, en Cancún, el presidente del BM, James
Wolfensohn, denunció que en México hay "grandes problemas de corrupción".
Y en su reporte correspondiente a 1997, la Universidad de Gottinga, Alemania,
ubicó a México como el sexto país más corrupto de una lista de 52. Sólo fue
superado por Paquistán, Rusia, Colombia, Bolivia y Nigeria. Para Stephen
Morris, en México la corrupción tiene un carácter estructural: "Es un
mecanismo crucial en el singular estilo de gobernar". Es como el sello de
la casa. Su identidad genética. Ha sido el modus operandi del
régimen presidencialista y del PRI. La costumbre, la tradición, han dado como
resultado una inefable cultura de la ilegalidad. El efecto corruptor se ha
vuelto epidémico: en México ser corrupto es más fácil que ser honesto. La
extorsión, el chantaje, el pacto por afuera de la regla se han vuelto las
normas de la convivencia. México es un país de infractores, de gente fuera de
la ley. Lo que supone la ausencia de un estado de derecho. Como dice Basave,
"ser pragmático implica ser corrupto". El intercambio de lealtades y
complicidades es un círculo vicioso que nunca termina. Con otro componente básico,
consustancial a las reglas no escritas del sistema: la impunidad sin fin.
La mafiya rusa: ¿caso test?
El fenómeno de la corrupción tiene muchas aristas. Una manera de abordar
el problema es identificar las amenazas al proceso de democratización de México
que surgen del fortalecimiento de estructuras del crimen organizado; de la
"narcotización" de la política y de una nueva "economía
criminal" -según la expresión utilizada por Manuel Castells- que, con eje
en una corrupción y una impunidad estructurales propias del sistema
presidencialista mexicano -y que abarcan a las instituciones, al gobierno y a
la clase política- podría conducir a una desintegración de la sociedad y
derivar en la conformación de un nuevo Estado oligárquico autoritario de tipo
delincuencial o mafioso.
Partimos de la hipótesis de que la imagen que muestra a un aparato
estatal mexicano asediado por los criminales "en busca de protección para
sus viles actos" carece de veracidad. Creemos que existen dinámicas más
complejas y mezclas mucho más íntimas entre las estructuras criminales y
estatales, donde una amplia red de actores están completamente integrados en
los niveles operativos de la economía criminal.
Cabe aclarar que el crimen organizado es un concepto más amplio que el
narcotráfico. El narcotráfico es sólo el principal instrumento de acumulación
de redes mucho más amplias, en las que el porcentaje que proviene
exclusivamente de esa actividad significa, de manera aproximada, 40% de sus
ingresos, mientras que el otro 60% lo consiguen a través de su penetración en
la sociedad y el Estado, muchas veces a través de empresas y actividades en
apariencia legales.
Tal vez como una manifestación perversa de la mundialización -el hecho
estructural de nuestra época-, el crimen organizado se ha trasnacionalizado y
opera a través de redes globales descentralizadas. Se trata de una nueva
manifestación del "capitalismo salvaje", ya que no respeta ninguna
forma de regulación de naturaleza jurídica o moral, imprescindibles en toda
sociedad para mantener las condiciones de vida civilizada.
Hoy por hoy, el ejemplo típico de un Estado dominado por la criminalidad
organizada es Rusia. Tras la caída del Muro de Berlín y la autodisolución de la
Unión Soviética, sobrevino una transición caótica e incontrolada del estatismo
al capitalismo salvaje. El Estado se retiró mientras emergía la actividad
privada dentro de un régimen de tipo capitalista; pero al retirarse generó una
situación de vacío de poder, que está siendo ocupada en gran parte por
organizaciones criminales, cuyos miembros operan como "capitalistas"
extremadamente emprendedores, que incluso han llegado a ocupar papeles propios
del Estado y asimilan gran parte de sus funciones.
¿Dónde se origina la mafia? -se preguntaba Pável Voshchanov-. Es simple:
comienza con los intereses comunes de políticos, hombres de negocios y gangsters.
Todos los demás son rehenes de esta sagrada alianza". Ya en los años
setenta, el término mafiya -mafia en ruso- era de uso común
para designar los comportamientos delictivos que, en el ámbito de la economía,
involucraban a miembros de la nomenklatura del Estado y del Partido
Comunista. En la actualidad se puede determinar que la mayor parte de las
fortunas acumuladas en los grandes bancos o la capitalización de viejas y
nuevas grandes empresas ahora privatizadas -106 mil empresas privatizadas hasta
1994, que representaban 50% del total- son consecuencia del robo, la extorsión
y el pillaje, y que los otrora todopoderosos burócratas se han reconvertido en
burgueses gracias a métodos mafiosos y a la asesoría del FMI y del Banco
Mundial. Algunos informes indican que 20% de los nuevos bancos -más de 2 mil
500 a partir de 1995- forman parte de los circuitos mafiosos.
Otro rasgo particular de ese proceso es el fenómeno de la privatización
de la violencia. En la Rusia actual se han desdibujado los límites entre las
organizaciones criminales y el Estado, en extremo debilitado. Existen más de 5
mil 700 bandas criminales, en pugna entre sí. A su vez, el "aparato de
seguridad" del crimen organizado abarca una vasta red de influencia y
corrupción que incluye a agentes de la ley, jueces y políticos que están en su
nómina, y que utilizan como prácticas comunes la intimidación y el asesinato.
Según Castells, "los asesinatos a sueldo se convirtieron en un modo de
vida en el mundo empresarial".
Cuando y donde no hay regulación y control por parte de la fuerza legítima
del Estado, se impone el control despiadado de las fuerzas ilegítimas de grupos
privados violentos. Esa es una lección importante de la historia: "Los
mercados sin restricciones equivalen a sociedades salvajes", afirma el
estadunidense Marshall Goldman.
Para Giulio Sapelli, la escasez de legalidad produce la
contra-institucionalización del gobierno criminal. "Este crea, con un
mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce
el sistema". Para el autor italiano, el elemento fundamental de la
corrupción son las empresas, pues ellas son las constructoras sociales de los
mercados, del monopolio y del oligopolio. Se trata de empresas ilegales, que
adquieren -como ha demostrado Pino Arlacchi en el caso mafioso- ventajas
competitivas a través de la violencia, la evasión fiscal y tributaria, la
circulación de enormes masas de capital que derivan de actividades ilícitas,
entre las que destaca el narcotráfico.
Lo que caracteriza el sistema de la economía mafiosa y, por ende, la
relación entre individuos y empresas dentro de este sistema y con la economía
en su conjunto, es una acentuada competencia; pero el arma fundamental de esta
competencia está representada por la violencia. La forma empresa es, para los
grupos mafiosos, instrumental respecto de la persecución de finalidades ilícitas,
y tales finalidades son perseguidas a partir de recurrir a transacciones de
mercado y a la vez violentas; se sigue de ello que "la violencia no está
eliminada de la economía y que las relaciones de mercado no se desarrollan de
maneras formalmente pacificas, sino a través de formas intimidatorias y métodos
violentos", señala R. Catanzaro.
La empresa involucrada en el círculo de la corrupción se halla a medio
camino entre la sustancialización de la empresa "de mercado casi
perfecto" y la empresa "mafiosa". La primera maximiza la
utilidad e incrementa confianza y desarrollo a través de la estimación de la
confianza. La segunda se convierte en paradigma del uso de la violencia en la economía
y puede definirse por tanto como "la economía violenta" de los
tiempos modernos.
El PRI: las facciones andan sueltas
Dice Hans Magnus Enzensberger que "tan pronto como la criminalidad
se organiza, se convierte, tendenciosamente, en un Estado dentro del
Estado". Más allá de los sobornos generalizados -la categoría más baja de
la corrupción-, en México existen cada vez más evidencias que involucran de
manera directa a funcionarios gubernamentales, gobernadores, políticos,
banqueros, empresarios, jefes militares y policiales con las redes criminales.
Ese involucramiento abarca desde la "protección" a los cárteles que
se dedican al tráfico de drogas (los casos del general Jesús Gutiérrez Rebollo
y del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva con el cártel de
Juárez) hasta la participación en las mafias del tráfico de armas, el robo de
autos y la industria del secuestro, así como en la logística misma del negocio
criminal.
Algunos estados de la República, como Morelos -según han denunciado
miembros de la actual Legislatura local-, se convirtieron en paraísos del
crimen organizado, en sus formas de narcotráfico y bandas de secuestradores y
robacoches; ahí habían sentado sus reales, entre otros connotados elementos del
hampa, personajes como Amado Carrillo El Señor de los Cielos y Daniel
Arizmendi El Mochaorejas. De comprobarse ante la ley, el paradigma de
este tipo de organización criminal sería la que operó en ese estado durante la
gestión del gobernador con licencia, general Jorge Carrillo Olea, sujeto a
juicio político.
Como en otros países de la región o en Rusia, el análisis de la gran
corrupción y la impunidad de las estructuras públicas en México demuestra la simbiosis
entre el ejercicio del poder del Estado y la ilegalidad. Pero según nuestra hipótesis,
en el caso mexicano existe, históricamente, una relación de subordinación de
los agentes del crimen organizado con respecto al poder político. Partimos de
la base de que el crimen organizado en México ha sido controlado y administrado
por las autoridades políticas y por una elite de poder que son "los
verdaderos amos del negocio". Luis Astorga refuta la tesis de un
"poder paralelo" enfrentado al del Estado, en un país de centralismo político
y presidencialismo exacerbados como México. Astorga habla de una estructura de
poder "al interior mismo del Estado".
Ante el resquebrajamiento del antiguo régimen, y en un escenario donde
las viejas prácticas de control ya no funcionan, las facciones, mafias y
organizaciones criminales que formaron parte de la llamada "familia
revolucionaria" al interior del PRI -en un juego de equilibrios, acuerdos
y complicidades- cobraron autonomía y multiplicaron su poder.
El desgaste del viejo modelo se hizo evidente durante el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), periodo en el que se produjeron tres
asesinatos de Estado. Pero fue más notorio durante el actual mandato
constitucional de Ernesto Zedillo, cuando se registró una violencia
generalizada en todo el país.
A lo largo de su gestión, el actual mandatario ha dado muestras de que
no pudo disciplinar o conciliar a los jefes de los distintos clanes o familias priistas,
aunque algunos analistas interpretan que la designación de Francisco Labastida
como candidato presidencial del PRI sella una nueva recomposición de las
alianzas. Para Porfirio Muñoz Ledo, la reconciliación entre Labastida y Roberto
Madrazo en la residencia oficial de Los Pinos, en noviembre, con la mediación
del presidente Zedillo, significó "la reanudación de un antiguo pacto
mafioso".
Un Estado dentro de otro Estado
La enmarañada red de intereses económicos, muchos de los cuales son de
claro origen ilegal; el mantenimiento de una estructura de poder en la que los
negocios se van conjugando con el poder político; la existencia de redes
delincuenciales que los facilitan dentro de los organismos de seguridad del
Estado y en las propias fuerzas armadas; el funcionamiento de una justicia
dependiente y por lo tanto complaciente hacia el poder -como ha quedado
demostrado una vez más en nuestros días, a raíz de las aberraciones jurídicas
utilizadas contra los presos políticos de la UNAM-, y un Congreso dominado
hasta hace poco por el partido oficial y que no ha logrado superar -incluidos
los legisladores de la oposición- una cultura presidencialista autoritaria
basada en el clientelismo y la corrupción, llevan a pensar en la conformación
de un "Estado dentro de otro Estado", con leyes y funcionamiento
propios, cuya tendencia es remplazar al propio Estado.
A contracorriente de las teorías de políticos y académicos que afirman
que "ya estamos en la democracia" u otras que postulan "el
inicio de una transición a la democracia", existe en México la posibilidad
real de una involución. En el contexto de una región en vías de democratización,
esas tendencias presentan todavía otro dilema: ¿cómo un país con una tradición
democrática tan débil podrá enfrentar las amenazas de organizaciones criminales
trasnacionales sin sucumbir ante las tentaciones autoritarias de nuevo tipo?
De allí que más bien pensemos en una suerte de transición, de signo
regresivo, desde el antiguo régimen paternalista, caciquil y corporativista (el
viejo Estado benefactor a la mexicana) hacia un nuevo Estado punitivo de características
mafiosas o delincuenciales.
Tales conductas o comportamientos mafiosos -que no aluden a sociedades
secretas con fines criminales, altamente centralizadas, con ritos de iniciación
y estatutos, como refiere la literatura común sobre la mafia italiana- se basan
en el uso de la violencia física (que llega a veces al asesinato) o en la
amenaza de la aplicación de la violencia -al margen de las atribuciones
coercitivas propias de los órganos del Estado-, y en la utilización de
"leyes no escritas" que guardan cierta similitud con códigos de
conducta rígidos, del tipo de la omerta siciliana.
De allí que las mafias del crimen organizado -de las que el narcotráfico
es sólo su expresión más visible- no sean un fenómeno aislado de la sociedad o
una "conspiración" de maleantes en un Estado limpio, sino más bien
una especie de empresa, de carácter ilegal, con un pie bien implantado en los
sectores cruciales de la sociedad y del Estado: el mundo financiero, los
negocios, el aparato judicial, los cuerpos de seguridad y hasta la clase política.
Así parecen confirmarlo cada día los titulares de los diarios, que nos
exhiben un nuevo sistema clientelar, de poder financiero y de poder económico,
de logias políticas que se entrelazan con logias económicas; el ejemplo más
escandaloso es el del Fobaproa. En el fondo, se trata de la privatización de lo
público y de la clandestinización de lo privado. En las ocho columnas nos hemos
acostumbrado a ver nombres y apellidos como Hank, Salinas, Villanueva Madrid,
Carrillo Olea, Gutiérrez Rebollo, Cabal Peniche, Gamboa Patrón, De Prevoisin,
Conasupo, TAESA, Labastida...
El auge de la violencia criminal de los cárteles de la
droga desde mediados de los ochenta, con la desestabilización resultante de la
propia economía ilegal, llevó a una mayor erosión del viejo régimen hegemónico
que lleva 70 años ejerciendo el poder en México, y una virtual guerra de mafias
en su seno durante el salinismo -con el saldo conocido de un cardenal, un
candidato presidencial del PRI y el secretario general del partido oficial
asesinados- provocó una mayor debilidad del Estado.
Ante el nuevo estado de cosas, México, como sostuvo el informe final de
la justicia suiza sobre los nexos de Raúl Salinas de Gortari con el narcotráfico
y el lavado de dinero, está ante la posibilidad real de convertirse en
un narcoestado. O en un "Estado mafioso", si, como creemos y
en parte está documentado, varias expresiones del crimen organizado están
infiltradas en los aparatos de los poderes, federal y locales.
Diversos informes del Departamento de Estado estadunidense han aludido a
la narcocorrupción en México. También el ex administrador de la DEA
Thomas Constantine se ha referido a los sobornos que reciben militares y
funcionarios federales de México de los cárteles de la droga. Pero fue
tal vez Stanley Pimentel, quien como agente de la FBI escudriñó a lo largo de
diez años a la criminalidad mexicana, el que de manera más llana se refirió al
control que ejerce el PRI sobre la delincuencia organizada. En octubre pasado,
en un análisis publicado en Tendencias en crimen organizado, Pimentel
dejó clara la subordinación de las mafias con respecto al poder político. Habló
de un "tercer nivel", donde por encima de las cabezas de los grandes cárteles
de la droga hay actores con gran poder económico y político que son
quienes, al final de cuentas -dijo- controlan el crimen organizado. Ubicó en un
primer nivel a los capos narcos, como "operadores" que
trafican y venden la droga. Un segundo nivel es el de sus
"protectores" en la policía y el Ejército. El tercero es el de los
dueños del negocio.
"En este modelo -afirmó Pimentel-, el sistema de crimen organizado
es llamado a respaldar a la oligarquía. El control y la iniciación vienen desde
arriba, desde quienes ostentan el denominado poder legítimo y sus agentes de
control social. Los capos de la droga, como buenas vacas lecheras, son
protegidos, se les ordeña, y cuando ya no sirven, se les mete a la cárcel o se
les manda a la carnicería".
En esa lógica interna del poder, donde lo legal y lo ilegal se mezclan
de manera estrecha, ciertas preguntas apuntan hacia la tesis del narcoestado
o el Estado mafioso: ¿es posible mantener el control del poder enfrentando esos
intereses y sin involucrarse? ¿Es concebible que quienes detentan el poder económico
renuncien a esos fabulosos negocios y, por tanto, los dejen en manos de
desconocidos?*
UN EMBAJADOR ENTROMETIDO
En octubre de 1997, cuando Marc Perron criticó la corrupción imperante
en México, una llamada personal del entonces secretario de Relaciones
Exteriores, José Ángel Gurría, a su par canadiense, Lloyd Axworthy, provocó la
renuncia del embajador.
A José Castelazo no le fue mejor. Su crítica al sistema político de
Costa Rica -publicada en México- le costó ser retirado de la representación
mexicana en ese país y la muerte política. Esa vez fue Gurría el que atendió la
llamada del canciller costarricense, Fernando Naranjo, ante las
"profundamente inadmisibles" declaraciones del diplomático.
Pero al embajador estadunidense en México, Jeffrey Davidow, persistente
en sus opiniones sobre asuntos internos del país, la clase política mexicana le
ha perdonado todo.
En sus últimas declaraciones, en las que señaló a México como una de las
sedes del narcotráfico, comparable con la mafia siciliana, Davidow logró
incluso algunos apoyos.
"Me parece que sólo está hablando con la realidad", dijo el
candidato panista a la Presidencia, Vicente Fox, mientras que los responsables
de enfrentar al narcotráfico en el país atribuyeron las palabras del embajador
a "errores de traducción" y "notas malintencionadas".
La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un débil extrañamiento a la
embajada estadunidense (que fue recibido por el encargado de negocios, James
Derham, porque el embajador no estaba). La Secretaría de Gobernación guardó
silencio. Y después de tres días, el "repudio" de funcionarios y
legisladores desapareció de las primeras planas de la prensa.
En vísperas de la certificación, los políticos mexicanos
descalificaron las declaraciones de Davidow y cuestionaron la autoridad moral
del gobierno de Estados Unidos para evaluar las acciones del combate al narcotráfico
en los países latinoamericanos.
Pocos fueron los que reclamaron la intromisión del representante
estadunidense en los asuntos internos del país.
* * *
De todo habla el embajador Davidow.
Hace un año, en una visita a Chiapas en donde se reunió con el
gobernador Roberto Albores Guillén y su gabinete, aseguró:
"No noto signos de tensión ni de conflicto. Me parece muy tranquilo
acá... Como extranjero puedo decir, sin embargo, que esperamos que esto (la
pacificación) se logre a través de un diálogo en que participen todas las
partes. Es importante destacar que quienes tienen quejas tienen la obligación
de ir a la mesa de negociaciones".
En julio, advirtió que los partidos políticos mexicanos deberían
establecer un mecanismo de vigilancia para "evitar que el dinero del
narcotráfico llegue a las campañas presidenciales del 2000". Ya encarrerado,
repasó sus lecciones de historia: "El Estado gastó más, hubo crisis cada
sexenio y el pueblo sufrió, la gente ha sufrido en México en los últimos 20 años
por colapsos".
En noviembre, después de elogiar la contienda interna del PRI, dijo:
"Estados Unidos tiene interés en el proceso político mexicano y en que se
fortalezca la democracia. Nos interesa un vecino fuerte económica y políticamente
hablando".
La semana pasada de plano se llevó los titulares.
"Un hecho que hay que reconocer es que los dueños, los gerentes más
importantes en el mundo del flujo del narcotráfico hoy en día son mexicanos,
colombianos, dominicanos y rusos -dijo Davidow el jueves 24 en la Universidad
del Sur de California-. Esa es la verdad, como el cuartel general de la mafia
que estaba en Sicilia, ya los cuarteles de los narcotraficantes están en muchos
países y México es uno de ellos".
En plena disputa electoral, los partidos se subieron al ring y
condenaron las declaraciones.
Con sus matices: al PAN le preocuparon los efectos en las relaciones
bilaterales de ambos países y al PRD que las autoridades mexicanas no hayan
sido eficaces en la lucha contra el narco.
Cuauhtémoc Cárdenas dijo que el narco "es una realidad que
no podemos negar" y Francisco Labastida (a quien se ha relacionado con el narco)
optó por no opinar.
Las críticas más duras salieron del Senado, donde algunos legisladores
exigieron una disculpa pública del embajador.
Pero nadie les hizo caso.
Mientras los jerarcas católicos ponían el aderezo ("Tan grave es
ser trampolín, como grave es ser alberca", resumió el arzobispo Sergio
Obeso), las respuestas oficiales fueron ambiguas.
El vocero presidencial, Fernando Lerdo de Tejada, comentó que las
declaraciones "no corresponden con el nivel de cooperación en materia de combate
al tráfico de drogas en los dos países".
Y 24 horas después, la SRE reaccionó.
La canciller Rosario Green y el subsecretario para América del Norte y
Europa, Juan Rebolledo, estaban de gira por Moscú. El embajador Davidow seguía
viajando por su país.
Así que la subsecretaria Carmen Moreno manifestó a James Derham el extrañamiento
del gobierno mexicano por las declaraciones de su jefe, pues -argumentó la SRE-
"no contribuyen ni reflejan el esfuerzo de cooperación que llevan a cabo México
y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico".
En el mismo sentido se expresó el zar antidrogas de la Casa
Blanca, Barry McCaffrey, quien aseguró que Estados Unidos no comparte las
opiniones de su representante. El tono, sin embargo, fue muy distinto del que
usara Gurría frente a la queja del gobierno de Costa Rica.
* * *
Davidow no es el único
embajador entrometido que ha tolerado el gobierno de Ernesto Zedillo. En
octubre de 1997, el entonces representante del Vaticano, Justo Mullor, desató
un huracán al afirmar -según él en broma- que en el Ejército Mexicano y la PGR
hay "narcomordidas". Gobernación no acababa de articular una
respuesta cuando el prelado soltó otra bomba:
Pidió a los mexicanos "defenderse con uñas y con todo lo defendible
frente al Estado totalitario", para que no se inculque en los niños una
educación racionalista contraria al cristianismo.
La actitud del gobierno mexicano distó mucho de la que una semana antes había
tenido con el embajador canadiense, cuyos comentarios fueron considerados
"inapropiados para un diplomático".
El caso de Mullor, argumentó simplemente Gurría, aunque
"delicado" era "distinto".
(Daniela Pastrana)
